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Empresas sostenibles y empleos de calidad.

La lucha efectiva y continua contra la pobreza tiene directa vinculación con estos conceptos enunciados en el título, relacionados entre sí en forma estrecha. De su acertado enfoque y consideración por las políticas públicas dependerá, además, el grado de informalidad o formalidad del empleo, inseparable señal de su éxito o fracaso.

 

La pobreza y la falta de empleo, sumadas a la informalidad y a la ilegalidad, son otras de las dolorosas sanciones que la realidad le impone a toda sociedad que no toma en debida cuenta la ecuación a que alude esta nota.

 

La Población Economicamente Activa (PEA), como es sabido, está integrada por el empleo registrado, el trabajo informal y los desocupados que aspiran a un empleo. El empleo de calidad al que se remite la Organización del Trabajo es una parte de la PEA, en la que no se encuentran, por definición, manifestaciones de pobreza, cualquiera sea el criterio de su medición estadística. En nuestro caso, el empleo registrado debería ser considerado empleo de calidad o empleo “decente” porque está protegido por el sistema.

 

Es en el sector informal y entre los desempleados –que completan el total de la PEA- donde este flagelo de la pobreza se pone en evidencia. Es indiscutible que si se lograse desarrollar en el mayor grado el empleo de calidad, la pobreza se reduciría en igual medida.

 

Para reducir la pobreza y la exclusión social, la generación de puestos de trabajo en forma genuina sólo se puede dar a través de empresas sostenibles. La promoción y el fortalecimiento de las empresas sostenibles no es, por lo tanto, un gesto criticable de apoyo a un “enemigo” de la sociedad, como algunas ideologías esgrimen. Tampoco se puede imputar al sector empleador, en su conjunto, el ejercicio de una actividad diferente al resto de la sociedad, que no necesite de la legalidad, del buen gobierno y del estado de derecho, entre otras condiciones.

 

La denominada “empresa sostenible”, por definición, es la que puede ajustarse al orden legal. Serán sus dependientes los que podrán gozar de un empleo decente. Y que por lo tanto estarán al margen de la pobreza, amparados por las garantías constitucionales y las normas protectorias en vigor.

 

La “empresa sostenible” puede ser tanto un micro emprendimiento, como una pequeña, mediana o gran empresa. La diferencia entre ellas es simplemente el grado de desarrollo, siempre aspirando a crecer y fortalecerse, dentro de la formalidad. Tampoco hay distinciones en razón de su naturaleza pública o privada.

 

Son bienvenidas las normas en beneficio de los emprendimientos en razón de su tamaño medido en función del capital o de sus puestos de trabajo; pero su vigencia no puede aspirar más que a una aplicación transitoria, justificada si se encuadran en programas que corrijan y fomenten la inversión genuina y la generación de empleo de calidad.

Si se extiende en el tiempo un beneficio de esta naturaleza, conducirá a la distorsión de los emprendimientos, tendiendo a la dispersión y no a la concentración eficiente, en perjuicio de la sociedad y de los trabajadores afectados, en tanto castigará con mayores costos fiscales a las restantes empresas que dice proteger.

 

En diversos documentos de la Organización Internacional del Trabajo se ha puesto énfasis en la necesidad de promover esta ecuación necesaria que se sintetiza en el título, para consolidar los que denomina “tres pilares del desarrollo”: el crecimiento económico, el progreso social y la preservación del medio ambiente.

 

En este año 2015 la Conferencia de la OIT aprobó la Recomendación Nº 204 “Sobre la transición de la economía informal a la economía formal”. Dice en su preámbulo que se ha elaborado “reconociendo que la alta incidencia de la economía informal, en todos sus aspectos, representa un importante obstáculo para los derechos de los trabajadores, con inclusión de los principios y derechos fundamentales en el trabajo, así como para la protección social, las condiciones de trabajo decente, el desarrollo inclusivo y el Estado de derecho, y tiene consecuencias negativas para el desarrollo de empresas sostenibles, los ingresos públicos y el ámbito de actuación de los gobiernos, en particular por lo que se refiere a las políticas económicas, sociales y ambientales, así como para la solidez de las instituciones y la competencia leal en los mercados nacionales e internacionales”.

 

En un Estado de Derecho moderno, el marco legal es la referencia que marca las reglas de juego y los límites a los que deben ajustarse los actores sociales que son partes de las relaciones de trabajo, en su propio interés y en beneficio del conjunto. La adecuada y voluntaria aceptación generalizada de ese marco obligatorio es un requisito ineludible para garantizar el mantenimiento de la paz social sobre bases justas de inclusión. Si se excede un límite razonable de rechazo, la consiguiente evasión y el conflicto no se resuelven por la simple abundancia de controles o castigos.

 

El grado de acatamiento del marco legal es una prueba ácida y concluyente sobre la viabilidad de las obligaciones que impone. Los empleadores deben someterse, al igual que los trabajadores, a ese orden jurídico.

 

No habrá empresas sostenibles sin un marco legal adecuado. A su vez, no puede existir trabajo de calidad sin empresas sostenibles que lo generen. Ahí es donde debe concentrarse la atención de los representantes políticos que aspiran a asegurar la mejor calidad laboral y la justicia social.

 

En ese sentido prevalece en el sector empresario la voluntad de fortalecer todas las modalidades de cooperación con los gobiernos y otros sectores de la sociedad para asegurar que se preserve y potencie la calidad ambiental y las mejores condiciones del empleo, cuidando de no desalentar la inversión y el desarrollo de genuinas fuentes de trabajo.

 

Con la responsabilidad social que les cabe, las asociaciones profesionales de empleadores deben defender el papel fundamental que tienen a su cargo para que las disposiciones legales y convencionales que integran la normativa a la que deben ajustarse las empresas, hagan posible el desarrollo sostenible de las mismas y el mantenimiento de las fuentes de trabajo y el medio ambiente en niveles de calidad creciente.

 

Para que esa gestión legítima pueda ser eficaz es imprescindible el diálogo social institucionalizado, estable, con adecuada representatividad de los actores sociales, las administraciones públicas y el debido acceso de las expresiones políticas que deberán interpretar, como consecuencia de ese debate, los reclamos de medidas aptas y aceptables para avanzar en el desarrollo sostenible.

 

Con ese criterio tripartito es que se constituyó la Organización Internacional del Trabajo en un capítulo del Tratado de Versalles., La primera declaración tripartita de la Conferencia de la OIT en 1919 estuvo dirigida, precisamente, a plantear la necesaria intervención de inspectores especializados para el control del cumplimiento de la normativa laboral. Paralelamente se inició un camino de elaboración de normas internacionales del trabajo y recomendaciones para que los Estados respetaran principios comunes sin incurrir en prácticas desleales en materia social.

 

A través de su participación en ese ámbito compartido con representantes de trabajadores y Estados, en todas las oportunidades en que se concretaron Recomendaciones y Convenios, el sector empleador se manifestó como parte directamente interesada en resguardar de la competencia desleal a las empresas que cumplen como corresponde con sus obligaciones frente a sus trabajadores y las autoridades públicas.

 

Un ámbito tripartito similar al sistema incorporado en la Organización Internacional del Trabajo debería replicarse en el interior de los Estados. Esa institucionalización del diálogo y la participación social daría lugar a una normativa consensuada que fomentase la viabilidad de las empresas y el empleo de calidad, induciendo a la formalidad.

 

Debe aceptarse que las empresas individualmente se desenvuelven en un terreno competitivo, tanto para radicarse como para crecer; pero esa nota característica propia de cualquier emprendimiento -que es la aspiración legítima de optimizar los resultados económicos- no debe realizarse fuera del sistema legal.

 

No hay dudas de que la informalidad laboral es una patología que debe ser combatida, al mismo tiempo que debe procurarse el seguimiento conjunto de un marco legal razonable, tanto en materia de protección de los trabajadores dependientes como en cuanto a las cargas tributarias que pesan sobre esa relación jurídica.

Si ese necesario equilibrio entre obligaciones y acatamiento no se alcanza, no se puede revertir el resultado con mayores controles o penalidades.

 

Tampoco puede admitirse que eso sirva como una excusa respecto de algunos infractores que probablemente no dejarían de serlo cualquiera fuese la normativa en vigor. Lo que debe procurarse es que mediante la participación institucionalizada de los representantes del interés general mayoritario que esté afectado, las cargas sean lo más adecuadas y razonables en beneficio de los trabajadores y del medio ambiente, a la par de no afectar la viabilidad de empresas sostenibles.

 

En esa dirección es que la Organización Internacional de Empleadores acuñó el término “empresa sostenible” (como condición necesaria del “trabajo decente”), que se plasmó en una Declaración en 2007, señalando algunas condiciones esenciales como factores básicos de lo que debe significar un sistema adecuado para su viabilidad.

 

Algunos de los pilares básicos a los que se refirió son los siguientes que cito como ejemplo: paz y estabilidad política, buena gobernanza, diálogo social, respeto de los derechos humanos universales y normas internacionales del trabajo, política macroeconómica acertada y estable y buena gestión de la economía, comercio e integración económica sostenible, entorno jurídico y reglamentario propicio, estado de derecho y garantía de los derechos de propiedad, competencia leal, acceso a los servicios financieros, infraestructura material y tecnologías de la información y la comunicación, cultura empresarial, educación, formación y aprendizaje permanente, justicia social e inclusión social y protección social adecuada, y gestión adecuada del medio ambiente.

 

El principio del que se parte es que la empresa formal es la principal fuente de crecimiento y empleo. Las empresas innovan, invierten y generan empleo con ingresos derivados del trabajo. Proporcionan, compitiendo entre sí, los productos y servicios que requieren sus clientes. Cuando se habla de su sustentabilidad no se hace referencia a suplir el riesgo empresario con prebendas estatales, sino a no trabar la viabilidad razonable con exigencias incumplibles.

 

Ese límite no puede definirse sin la participación a través de sus legítimos representantes, como hemos dicho, de las voces afectadas. Si el pueblo gobierna a través de sus representantes políticos, la sociedad también se manifiesta por las demás vías democráticas que contempla nuestro sistema republicano, entre las cuales se cuentan las asociaciones profesionales de empleadores y trabajadores.

 

En lo que hace a estímulos fiscales, controles y sanciones, nuestra legislación no ha dejado espacios sin cubrir. Hasta ahora los resultados no han sido satisfactorios para la generalidad, no por falta de ellos sino, tal vez, por la concurrencia de otros factores, entre los cuales se cuenta el desequilibrio de esa ecuación básica que da lugar al título de esta nota.

 

Algunas de las causas que sirven de pretexto o excusa para incurrir en la informalidad laboral -tales como altos costos laborales, inseguridad jurídica, sobre abundancia e inestabilidad de normas aplicables, entre otras- deben ser encaradas por los gobiernos en colaboración con las organizaciones profesionales de trabajadores y empleadores.

 

La reciente ley 26940 referida a la Promoción del empleo y prevención del fraude laboral, establece -con buen criterio- el Sistema Integral de Inspección del Trabajo y de la Seguridad Social (SIDITYSS), destinado al control y fiscalización del cumplimiento de las normas del trabajo y de la seguridad social en todo el territorio nacional, a fin de garantizar –dice- “los derechos de los trabajadores previstos en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, y en los Convenios Internacionales ratificados por la República Argentina, eliminar el empleo no registrado y las demás distorsiones que el incumplimiento de la normativa laboral y de la seguridad social provoquen.”

Integrarán el sistema “la autoridad administrativa del trabajo y de la seguridad social nacional y las autoridades provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que actuarán bajo los principios de corresponsabilidad, coparticipación, cooperación y coordinación, para garantizar su funcionamiento eficaz y homogéneo en todo el territorio nacional”.

Dice en su Art. 29.- “El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social será la autoridad de aplicación del Sistema Integral de Inspección del Trabajo y de la Seguridad Social en todo el territorio nacional. En tal carácter, le corresponde: a) Velar para que los distintos servicios del sistema cumplan con las normas que los regulan y, en especial, con las exigencias de los Convenios 81 y 129 de la Organización Internacional del Trabajo; b) Coordinar la actuación de todos los servicios, formulando recomendaciones y elaborando planes de mejoramiento: c) Ejercer las demás funciones que a la autoridad central asignan los Convenios 81 y 129 de la Organización Internacional del Trabajo, sus recomendaciones complementarias y aquellas otras que contribuyan al mejor desempeño de los servicios; d) Actuar, mediante acciones de inspección complementarias, en aquellas jurisdicciones donde se registre un elevado índice de incumplimiento a la normativa laboral y de la seguridad social, informando y notificando previamente al servicio local y e) Recabar y promover especialmente con miras a la detección del trabajo no registrado, la participación coordinada y la colaboración de las entidades representativas de los trabajadores y los empleadores.

Un punto que se suma a este planteo sobre la informalidad y la pobreza poniendo en evidencia su complejidad, es el referido a las migraciones y los grupos denominados “vulnerables” que se incorporan de diferentes maneras en los distintos países y regiones en procura de un mejor horizonte de vida. La falta de capacidades y competencias que los caracteriza, salvo excepciones, los expone a aceptar empleos de baja calidad. Estos aspectos del problema merecen la mayor atención conjunta por parte de los Gobiernos y de los actores sociales en consonancia con la aludida Recomendación 204 de la Conferencia 2015 de la OIT, compartiendo objetivos y fines que deberían ser incorporados como Políticas de Estado en nuestro país si aspiramos a adoptar un modelo de crecimiento que respete la dignidad humana.

 

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