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El rol del Estado en la negociación colectiva eficiente.

Hasta la sanción de la ley 14250 (B.O. 20/10/1953) no existía un régimen legal relativo a la negociación colectiva en nuestro país y, por ende, a su producto, el convenio colectivo, de alcances distintos a los contratos propios del derecho común.

La nueva figura jurídica se fue imponiendo como una necesidad ante los requerimientos prácticos de las relaciones laborales modernas.

En los contratos del derecho civil y comercial los compromisos asumidos obligan a los firmantes, que lo hacen por sí o por representación.

En cuanto a esa figura nueva del derecho que fue el convenio colectivo de trabajo, paulatinamente se fue reconociendo por los países democráticos la posibilidad de que representantes de los trabajadores y de las empresas establecieran condiciones de trabajo con alcance más allá de su propia personalidad.

Surgían dudas sobre la facultad de comprometer a terceros, más aun obligando a empresas inexistentes a la fecha de la firma o que podían no estar desarrollando una actividad alcanzada por ese instituto colectivo al momento de su negociación por terceros.

¿Cuál era la naturaleza de ese vínculo llamado “contractual”? También la doctrina se interrogaba cómo podía considerarse con suficiente publicidad un convenio colectivo de trabajo para presumir su conocimiento por los obligados.

Hasta entonces, por tratarse de una figura que pretendía obligar a terceros que no suscribían el contrato ni otorgaban formal derecho de representación, se trató de respaldar la obligatoriedad y publicidad de algún acuerdo de alcance general mediante un decreto del Poder Ejecutivo Nacional que lo declaraba y daba lugar a su publicación en el Boletín Oficial, requisito constitucional para sostener su vigencia.

(Así ocurrió con el convenio para empleados de comercio registrado con el Nº 108/1948).

La ley 14250 de 1953 instituyó la figura de la “homologación” (que es un acto administrativo que reconoce el alcance para los firmantes y no firmantes de un acuerdo, comprendidos en su ámbito de actividad y territorio determinados), legitimó a ciertos actores sociales para su negociación, fijó un procedimiento y aseguró su registro y publicidad.

Dice el artículo 4º de esta ley: “Será presupuesto esencial para acceder a la homologación, que la convención no contenga cláusulas violatorias de normas de orden público o que afecten el interés general”.

La figura de los convenios colectivos de trabajo es el producto de la negociación colectiva entre trabajadores y empleadores. Es el resultado de un diálogo e intercambio de obligaciones entre los actores sociales, que se lleva a cabo por personas legitimadas que obligan al resto, asumiendo el papel de gestores más que el de mandatarios. Operan esos convenios como una ley respecto de los trabajadores y empleadores abarcados.

Desde el lado empleador, puede ser suscripto por organizaciones de empleadores, empresas o grupos de empresas.   Cuando el convenio es de alcance colectivo para las empresas de una actividad y territorio que exceda la obligatoriedad según las reglas de la representación propias de las relaciones civiles, el sistema laboral recogido por la ley 14250 asume la existencia de una representación de intereses distinta a las del derecho común. Para ello se requiere la homologación previa emanada de una autoridad competente de la administración pública. En nuestro caso es el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, según la citada ley 14250 y sus modificaciones posteriores.

Es por ese alcance colectivo que el órgano administrativo debe expedirse sobre la legalidad de su contenido y, como dice el párrafo de la ley 14250, asegurarse de que sus cláusulas no afecten el interés general ni violen normas de orden público.

Cuando la aplicación de un convenio colectivo alcanza solamente a una empresa o a un grupo de empresas, no es necesaria la homologación, sino que procede su simple registro por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social con el depósito del instrumento formal. Se entiende que en ese caso el interés general no está comprometido y en cuanto a los límites legales, cabe el acceso a la justicia para garantizar los derechos afectados, circunscriptos a su ámbito.

Las normas internacionales del trabajo.

El Convenio 98 de la OIT(1949) relativo a la aplicación de los principios del derecho de sindicación y de negociación colectiva, ratificado por nuestro país en 1956, dispone en su artículo 4º: ”Deberán adoptarse medidas adecuadas a las condiciones nacionales, cuando ello sea necesario, para estimular y fomentar entre los empleadores y las organizaciones de los empleadores, por una parte, y las organizaciones de trabajadores , por otra, el pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación voluntaria, con objeto de reglamentar, por medio de contratos colectivos, las condiciones de empleo”.

La Recomendación de la OIT sobre los convenios colectivos Nº91(1951), que no tiene la naturaleza supra legal de un tratado internacional y por lo tanto no se somete a ratificación como los convenios de esa Organización, promueve la asistencia del Estado a las partes en la negociación, concertación, revisión y renovación de contratos colectivos.

Las partes mencionadas deben estar debidamente autorizadas conforme al sistema legal nacional. (En nuestro caso, las leyes 23551 de asociaciones sindicales y la 14250 y complementarias sobre convenios colectivos).

Por primera vez en esta Recomendación Nº 91, un documento de la OIT se refiere a la extensión a otros sujetos de los alcances de un convenio colectivo de trabajo. Admite que afecte a trabajadores y empresas que no han intervenido por sí o por representación, con carácter excepcional.

Dice esta Recomendación sobre este el particular: “IV. Extensión de los contratos colectivos. 5. 1) Cuando ello fuere pertinente – y habida cuenta a este respecto del sistema de contratos colectivos en vigor -, se deberían adoptar las medidas que determine la legislación nacional y que se adapten a las circunstancia propias de cada país, para extender la aplicación de todas o ciertas disposiciones de un contrato colectivo a todos los empleadores y trabajadores comprendidos en el campo de aplicación profesional y territorial del contrato. 5.2) La legislación nacional podrá supeditar la extensión de un contrato colectivo, entre otras, a las condiciones siguientes: a) el contrato colectivo debería comprender desde un principio un número de empleadores y de trabajadores interesados que, según la opinión de la autoridad competente, sea suficientemente representativo; b) La solicitud de extensión del contrato colectivo debería, por regla general, formularse por una o varias organizaciones de trabajadores o de empleadores que sean parte en el contrato colectivo; c) Debería darse una oportunidad a los empleadores y a los trabajadores a quienes vaya a aplicarse el contrato colectivo para que presenten previamente sus observaciones”.

En lo que hace a la necesaria publicidad, esta Recomendación promueve que los empleadores adopten medidas adecuadas con el objeto de poner en conocimiento de los trabajadores el texto de los contratos colectivos que les sean aplicables. (Art. 8)

En 1981 se aprobó por la OIT el Convenio sobre la negociación colectiva Nº 154, ratificado por la ley 23544, aplicable a todas las ramas de actividad económica. Tiene la particularidad de que asigna prevalencia al cumplimiento de esta norma internacional a través de contratos colectivos, laudos arbitrales o por cualquier otro medio conforme a la práctica nacional, respecto de la vía legislativa, recién procedente en su ausencia.

La Recomendación Nº 163 de ese mismo año 1981, dice en su capítulo II relativa a Medios para fomentar la negociación colectiva: II.3.b) en los países en que las autoridades competentes apliquen procedimientos de reconocimiento a efectos de determinar las organizaciones a las que ha de atribuirse el derecho de negociación colectiva, dicha determinación se base en criterios objetivos y previamente definidos, respecto del carácter representativos de esas organizaciones, establecidas en consulta con las organizaciones representativas de los empleadores y de los trabajadores”.

En lo relativo a los niveles de la negociación recomienda que “en caso necesario, se deberían adoptar medidas adecuadas a las condiciones nacionales para que la negociación colectiva pueda desarrollarse en cualquier nivel, y en particular a nivel del establecimiento, de la empresa, de la rama de actividad, de la industria y a nivel regional y nacional” (artículo 4.1).

Agrega que en los países en que la negociación colectiva se desarrolle en varios niveles, las partes negociadoras deberían velar por que exista coordinación entre ellos” (4.2).

Reviste interés para nuestra práctica nacional el punto II.6:” Las partes en la negociación colectiva deberían conferir a sus negociadores respectivos el mandato necesario para conducir y concluir las negociaciones a reserva de cualquier disposición relativa a consultas en el seno de sus respectivas organizaciones”.

Entre otras sugerencias de este documento el punto 7.1) menciona que “en caso necesario, deberían adoptarse medidas adecuadas a las condiciones nacionales para que las partes dispongan de las informaciones necesarias para poder negociar con conocimiento de causa”.

La experiencia en nuestro país.

La mencionada ley 14250, la ley 23546 de procedimiento para la negociación colectiva, y sus respectivas reglamentaciones, contemplan y recogen estas recomendaciones adaptándolas a nuestras particularidades, en especial, el sistema de asociaciones sindicales con personería gremial y la escasa precisión en lo que respecta a la participación de las organizaciones de empleadores.

No obstante, la práctica de la negociación en nuestro país ha demostrado que es necesario “institucionalizar” el diálogo social, la consulta tripartita en determinados temas, la información necesaria para la negociación, las pautas que representen criterios objetivos para definir las respuestas al interés general y la elemental autonomía de los actores sociales frente al Estado.

Cuando una autoridad asume personalmente el papel excluyente de intérprete de los alcances del interés general al que hace referencia la ley 14250, sin aportar los datos que lo justifican, no solamente se compromete el sano desenvolvimiento de una institución social y jurídica consagrada como lo es la negociación colectiva, sino que se pone en riesgo cierto la eficiencia del sistema democrático descentralizado y participativo que la ha venido consagrando y que se refleja en las garantías establecidas en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

La negociación colectiva es el principal método de participación y resolución de conflictos, por lo que no debe ser desvirtuado ni transformado por la autoridad en un simple gesto ante la opinión pública.

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