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LOS ALCANCES DE LA REPRESENTACION DEL SECTOR EMPLEADOR EN LOS CONVENIOS COLECTIVOS DE TRABAJO octubre 9, 2007

Posted by echezarreta in DERECHO COLECTIVO DEL TRABAJO.
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La reforma constitucional de 1994 introdujo modificaciones en la prelación jerárquica  y los efectos de los tratados y concordatos aprobados por el Congreso  según el  inciso 22 del artículo 75 de la Carta Magna.

Los convenios de la Organización Internacional del Trabajo ratificados  deben considerarse comprendidos  entre los tratados y concordatos que  la norma constitucional ubica en una  jerarquía superior a las leyes.

La reforma de 1994 no modificó las declaraciones,  derechos y garantías contenidos en el capítulo 1º, primera parte,  de la Constitución Nacional,  que deben entenderse complementados y no  menoscabados por los tratados sobre derechos fundamentales que enuncia.

Por lo tanto la denominada pirámide de normas tiene en su cúspide a la Constitución e inmediatamente debajo a los tratados internacionales aprobados por el Congreso. A continuación, con esos límites y directrices, se encuadran las leyes emanadas del Parlamento y subordinados a éstas, los decretos “reglamentarios” que no pueden alterar “la letra ni el espíritu de las disposiciones superiores”.

La preservación de ese orden jerárquico está a cargo de la Justicia, que puede declarar la invalidez de las normas cuestionadas.

En  ese capítulo primero de la Constitución se garantiza a todos los habitantes de la Nación el  derecho de usar y disponer de su propiedad (artículos 14 y 17) a la vez que la libertad de asociarse con fines útiles (artículo 14).

Nuestro país ha ratificado  los convenios sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (87),  sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (98)  y el convenio sobre fomento de la negociación colectiva adoptado por la OIT en el año 1981 (Nº 154), por lo cual han pasado a tener jerarquía superior a las leyes y reglamentos.

El  convenio 154 de la OIT expresa en su artículo 2º que la “negociación colectiva” comprende a sus efectos “todas las negociaciones que tienen lugar entre un empleador, un grupo de empleadores o una organización de empleadores, por una parte, y una organización o varias organizaciones de trabajadores, por otra, con el fin de: a) Fijar las  condiciones de trabajo y empleo, o b) regular las relaciones entre empleadores y trabajadores o c) regular las relaciones entre empleadores o sus  organizaciones  y una organización o varias organizaciones de trabajadores, o lograr  todos estos fines a la vez”.

La negociación colectiva, por tanto, no es fuente de obligaciones de los representados respecto de los representantes del mismo sector, sino de las partes entre sí.

La representación del sector de los trabajadores  está regulada por la ley 23.551, mientras que la representación de los empleadores  en materia de negociaciones colectivas se encuentra  regulada en la ley 14.250 y sus modificatorias.

En esta nota me dedicaré a analizar las facultades de representación que asigna nuestro sistema legal a  las asociaciones de empleadores o un grupo de empleadores,  por cuanto es clara la manera como las empresas o personas individuales pueden estar representadas para comprometerse jurídicamente frente a un sindicato.

Por lo pronto debemos tener en cuenta que el convenio colectivo de trabajo es el producto de la negociación y  por  tanto es la principal herramienta a través de la cual se ejerce  el denominado “principio de la transacción”.

Esto es, el grupo de empresas o la organización empresaria que asuma la representación obliga a las empresas frente a los respectivos trabajadores, quienes a su vez han estado representados por la asociación sindical  conforme la ley 23.551 y sus normas reglamentarias.

En ningún caso las asociaciones empresarias o grupos de empleadores o de  empresas tienen facultades para imponer obligaciones a sus representados respecto de quienes actúan sólo como mandatarios en la mejor de las hipótesis.

Del lado sindical hay una excepción en este punto sobre cuya vigencia y constitucionalidad hay profundas discrepancias en la doctrina y la jurisprudencia. Se trata del artículo 9º , segundo párrafo de la ley 14.250 que dice: “Las cláusulas de la convención por las que se establezcan contribuciones a favor de la asociación de trabajadores participantes, serán válidas no sólo para los afiliados, sino también para los no afiliados  comprendidos en el ámbito de la convención”.

Cualquiera sea la opinión frente a esta norma en cuanto a si vulnera o no la libertad de asociación que consagran los convenios internacionales mencionados y nuestra Constitución Nacional, lo cierto es que no hay ninguna norma análoga que faculte a  los representantes empleadores a  imponer contribuciones de las empresas que representan,  estén o no afiliadas,  con destino a su propio patrimonio.

Aún en el supuesto de que  una empresa hubiera otorgado a una asociación  facultades expresas para que la represente  en una negociación colectiva tampoco ese acto daría derecho a esa entidad empresaria a fijar contribuciones en su favor que no se hubiesen estipulado bilateralmente.

Aún si se tratase  del sólo intercambio de obligaciones  con la parte sindical en nombre de empresas asociadas – que resulta de la definición legal de la negociación colectiva – debe aplicarse el artículo 1º del decreto  199/88 reglamentario  de la ley 14.250 que dice en lo pertinente: “Cuando se pretenda  constituir una unidad  de negociación que exceda el ámbito de una empresa, la aptitud representativa  del sector de los empleadores será definida en función de la del grupo de  empleadores o asociaciones de empleadores que hubieran expresado formalmente su voluntad de integrarla”.

Continúa diciendo este artículo: “Los grupos de empleadores que invoquen la representación de otros empleadores,   deberán contar con poder especial otorgado al efecto,  con todas las formalidades legales. Lo mismo deberán acreditar las cámaras o asociaciones de empleadores cuando la representación invocada no surja de los estatutos” (agregado conforme decreto 1172/00, art. 1º).

En estos casos estamos hablando siempre  de las obligaciones que puede intercambiar una  representación colectiva de más de una empresa frente al  sindicato y los trabajadores dependientes abarcados por el acuerdo.

Una correcta interpretación de las normas constitucionales y de las disposiciones del Código Civil sobre la personalidad    jurídica y los sujetos de derechos y obligaciones,  la representación y el  mandato (que responden al más puro respeto de los principios republicanos que inspiran  nuestra organización como  Estado) debe reconocer en forma plena la libertad  de cualquier empresa de negarse expresamente a ser obligada por otra persona  jurídica que pretenda asumir su representación si manifiesta su voluntad en contrario de manera indubitable.

De esta manera las negociaciones por actividad conciliarían los beneficios que en ciertos casos pueden implicar con  el debido respeto  de principios constitucionales que en muchas oportunidades han sido conculcados, llevándonos a una ineficacia  e ineficiencia  de los convenios colectivos poco propicia para nuestro desarrollo social  con justicia y equidad.

Artículo para la revista Idea nro.  162 – 15.11.2001-

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