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La representación de los empleadores en la negociación colectiva octubre 9, 2007

Posted by echezarreta in DERECHO COLECTIVO DEL TRABAJO.
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Nuestra Constitución Nacional consagra un principio fundamental en su artículo 19, según el cual nadie puede ser obligado a hacer lo que la ley no manda.

Con sujeción a lo dispuesto por la ley los particulares pueden obligarse a través de los contratos cuando en ellos se expresa libremente su voluntad.

Para expresar su consentimiento y generar obligaciones propias frente a un tercero deben hacerlo personalmente o a través de un representante según las reglas establecidas en el Código Civil al respecto y con las formalidades que para cada acto jurídico se exigen.

Las características especiales de las relaciones del trabajo dieron origen a negociaciones que se canalizan a través de representantes de ámbitos personales que concurren defendiendo  intereses comunes.

El artículo 14 bis de la Constitución Nacional garantiza a los gremios el derecho de concertar convenios colectivos de trabajo, que la ley 14250, sus complementarias y sus modificatorias con la reglamentación respectiva han venido protegiendo.

La figura diseñada del convenio colectivo de trabajo que ha sido el instrumento resultante, tiene características  de contrato en cuanto expresa la voluntad concurrente de las partes; pero difiere sustancialmente de los previstos en el Código Civil en lo que hace a los alcances de las obligaciones, tanto en lo personal y temporal como en las reglas del mandato y la representación.

Basta señalar que las condiciones regladas en los convenios colectivos de trabajo alcanzan a quienes desempeñan sus tareas durante su vigencia, a quienes se incorporan con posterioridad e incluso a quienes  aún no eran sujetos de derecho  al momento de la firma del acuerdo.

Estas características fuerzan a poner atención en el reconocimiento de la representación, el mandato y la expresión de la voluntad, en especial desde el sector empleador.

Del lado de los trabajadores nuestra legislación ha elegido la figura del sindicato con personería gremial que asume la representación de intereses de toda la colectividad abarcada presumiendo sin admitir prueba en contrario que los trabajadores expresan su voluntad conjunta por intermedio de esa asociación reconocida, estén o no afiliados a la misma.

Esta colectividad y la presunción relativa a la voluntad es esencial en lo que respecta a los trabajadores abarcados por la negociación y el convenio colectivo.

Por la contraparte,  sin embargo, puede darse tanto la figura de un solo empleador como de un grupo de ellos o una asociación profesional que los agrupe, indistintamente

Es en este punto donde aparecen las dificultades para adoptar la negociación colectiva como fuente de obligaciones de las empresas sin que se afecten las garantías constitucionales en relación con ellas.

La ley reciente 25877 distingue los convenios celebrados con un empleador o un grupo de empleadores de aquéllos que han sido suscriptos con una asociación profesional de empleadores.

La diferencia está en la forma de acreditar la representación que se invoca y en los alcances de esos convenios colectivos respecto de los empleadores que no participan voluntariamente en la negociación.

El artículo 4º de la ley 14250 según el texto que le asignó la ley 25877 dispone que las normas originadas en las convenciones colectivas que sean homologadas por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, alcanzarán a todos los empleadores comprendidos en sus particulares ámbitos cuando se trate de un acuerdo destinado a ser aplicado a más  de un empleador, sin perjuicio de que éstos invistan  o no el carácter de afiliados a las asociaciones  signatarias.

La ley se refiere aquí a los convenios suscriptos por asociaciones profesionales de empleadores.

A continuación, ese mismo artículo 4º hace referencia a los convenios colectivos de trabajo de empresa o de grupo de empresas  (esta frase fue agregada por la reciente ley 25877 al texto anterior de la 14.250 según la reforma de la ley 25.250) para los que no rige tal obligatoriedad  “erga omnes” porque son sujetos jurídicos cuya representación y su ámbito particular están definidos al momento de la firma del acuerdo a tal punto que la homologación es voluntaria y sólo deben presentarse a la autoridad de aplicación para su registro, publicación y depósito.

La actual reglamentación de la ley 14250 (decreto 199/88 con las modificaciones del decreto 1172/2000) también hace diferencias entre las negociaciones llevadas a  cabo por empresas o grupos de empresas y aquéllas en donde participa una asociación de empleadores.

Para la ley 14.250 (con el texto según la ley 25.877)  y para la reglamentación, no es lo mismo una asociación profesional de empleadores (se entiende con personería jurídica y estatutos) que un grupo de empresas.

El artículo 2º del decreto reglamentario aludido dispone que “cuando se pretenda constituir una unidad de negociación que exceda el ámbito de una empresa la aptitud representativa del sector de los empleadores será definida en función de la del grupo de empleadores o asociaciones de empleadores que hubieran expresado formalmente su voluntad de integrarla”

Manteniendo el criterio diferente respecto de las cámaras o asociaciones ese artículo agrega que “los grupos de empleadores que invoquen la representación de otros empleadores, deberán contar con poder  especial otorgado al efecto con todas las formalidades legales”.

Concluye el texto del artículo 2º diciendo que “lo mismo deberán acreditar las cámaras o asociaciones de empleadores cuando la representación invocada no surja de sus estatutos”.

Es obvio  que, a través de los estatutos,  solamente podrían estar alcanzados los afiliados, porque el mandato especial exigido al grupo de empresas en tal caso ha sido satisfecho por la voluntad concreta de asociarse y acatar las reglas  de la entidad.

En principio, la representación de los empleadores hasta aquí se ajusta a las normas del mandato y al vínculo asociativo, conforme el régimen del Código Civil.

Si interviene una asociación profesional de empleadores deben cumplirse otras exigencias conforme la reglamentación para que las empresas no asociadas de la actividad o rama resulten obligadas sin poder especial.

Se determina así el concepto de “suficiente representatividad” respecto d el sector empleador.

En efecto, para constituir una unidad de negociación de actividad o rama, se considerará la existencia de la asociación o asociaciones de empleadores, debidamente constituidas, con actuación previa, manifestada en la celebración de los convenios colectivos de trabajo anteriores o por su representación continuada ante los organismos públicos o ante los sindicatos, siempre que cuenten entre sus asociados con, al menos, el cincuenta por ciento de los empleadores dedicados a la actividad o rama que se regulará por el convenio colectivo de trabajo o que se pretende negociar y que a su vez se empleen a no menos del cincuenta por ciento de los trabajadores de esa misma actividad o rama .(art. 2 bis del decreto 199/88)

La autoridad de aplicación podrá, mediante resolución fundada, disponer la integración a la unidad de negociación de otras asociaciones de empleadores con menor grado de representación.

Convalidando la interpretación ya expresada que diferencia los convenios suscriptos con asociaciones profesionales de empleadores y los que se firman con empresas  o grupos de empresas, el artículo 2do. bis del reglamento que nos ocupa manifiesta que si no se obtuviera el porcentaje mínimo indicado de asociados y de trabajadores de la actividad, el convenio colectivo de trabajo se entenderá celebrado por grupo de empresas, o sea que su contenido no obliga a aquéllas que no estén representadas con poder especial y mucho  menos a las que no estén asociadas a la entidad patronal que pretende asumir la representación.

El otro punto crítico es el referido al modo de manifestar la voluntad del sector empleador cuando interviene más de una empresa.

Tanto para los convenios suscriptos por asociaciones de empleadores o por un grupo de éstos, si no existiese acuerdo entre ellos  la voluntad del sector se conformará del siguiente modo según el art. 2 bis que comento:
a)    Cada asociación o grupo de empleadores comprendidos en el ámbito del convenio colectivo de trabajo a negociar, tendrá un porcentaje de votos equivalente a la cantidad de trabajadores que se desempeñen para las empresas que la integran, según la declaración a la seguridad social del mes anterior a la primera instancia de negociación;
b)    Los  empleadores particulares tendrán, cada uno, un porcentaje de votos equivalente a la cantidad de trabajadores que se desempeñan para los mismos en dicho ámbito, conforme al mismo criterio establecido en el inciso precedente.

De esta manera, las decisiones del sector de los empleadores se tomarán por mayoría simple del total de los votos asignados, conforme el criterio establecido que también alcanzará a la determinación de la voluntad de los empleadores en el régimen de la pequeña empresa.

Al momento de redactar esta nota las disposiciones vigentes son las comentadas.

La necesaria modernización y adecuación del sistema no puede dejar de tener en cuenta los principios fundamentales consagrados en la Constitución Nacional y normas internacionales como es el caso de los convenios y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, la mayoría de aquellos ratificados por nuestro país y con jerarquía supralegal a partir de la reforma constitucional de 1994.

Las diferencias en cuanto a la acreditación de la representatividad y a los alcances de las normas de los convenios respecto de los trabajadores por un lado y de los empleadores por el otro, se justifica plenamente.

Puede aceptarse la figura del sindicato con personería gremial como legitimado  para representar a todos los trabajadores estén o no afiliados; pero la denominada “representación de intereses” de los empleadores  merece no desviarse de las garantías constitucionales desnaturalizando la autonomía de la negociación colectiva.

Si las interpretaciones que se están insinuando  sobre el sentido de  la Ley 25.877 de reordenamiento laboral se traducen en una reglamentación inadecuada de estos aspectos relativos a la legitimación y manifestación de voluntad del sector empleador nos estaríamos enfrentando a un retroceso en este punto fundamental del sistema y a una segura pérdida de adaptabilidad empresaria por la consiguiente ineficacia del principal instrumento de participación que es la negociación colectiva.

Nota Revista Idea 168 – 29.06.04-

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