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Las características del conflicto social octubre 9, 2007

Posted by echezarreta in DERECHO COLECTIVO DEL TRABAJO.
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El denominado conflicto social adquiere características que lo distinguen de lo que ha sido materia específica de los especialistas laborales, de modo que no son aplicables sus técnicas ni sus regulaciones.

En el ámbito del trabajo los intereses divergentes se contraponen entre uno o más empleadores y sus dependientes, a los que se suma el Estado como moderador.

Cuando la controversia laboral se refiere a la interpretación de una norma preexistente se está frente a un conflicto de derecho que no debería resolverse a través de medidas de acción directa sino mediante la vía judicial o los procedimientos alternativos de solución de conflictos. Si se trata de una cuestión de intereses rige la conciliación previa obligatoria, más aún cuando se afectaran actividades de servicios esenciales.

El conflicto social, a diferencia del inherente a las condiciones de trabajo, está casi exclusivamente dirigido contra las autoridades a las que se pretende extraerles medidas políticas que no implican el intercambio de obligaciones negociables entre trabajadores y empleadores propio de la negociación laboral.

Por esa razón, Brian Crozier en su “Teoría del Conflicto” (Emecé Editores, Buenos Aires, 1977) se aboca al estudio del conflicto social como un hecho revolucionario entendiéndolo como una rebelión en contra del Estado al que se presiona así por vías no previstas en los mecanismos republicanos y representativos reconocidos por el orden jurídico.

De esta primera apreciación se deriva que el conflicto social no es una figura institucionalizada ni contemplada en la legislación, salvo en cuanto puede constituir algún hecho ilícito, para controlarlo entonces mediante el uso de la fuerza pública o para aplicar las sanciones punitivas pertinentes según el caso.

La informalidad propia del conflicto social despersonalizado y no estructurado es una traba evidente para la utilización de los mecanismos previstos para administrar otras clases de controversias de derecho o de intereses, aunque algunas técnicas y prácticas de estos ámbitos pueden ser rescatadas y usadas con buen éxito.

La manifestación concreta de prácticas colectivas de índole social son, en este momento, los denominados “cortes de ruta”; pero existen algunas otras variantes con iguales notas de ilicitud como lo son las ocupaciones de terrenos privados o públicos, de inmuebles urbanos, saqueos, cortes de calles, tomas de rehenes y otras variantes que se acumulan o suceden en el desorden propio de este tipo de reclamos.

El artículo 22 de la Constitución Nacional dice: “El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y que peticione a nombre de éste, comete delito de sedición” .

La Constitución Nacional en el artículo 14 bis garantiza solamente a los gremios el derecho de huelga. Se trata de la abstención concertada de la prestación laboral bajo la responsabilidad de un sindicato de existencia reconocida por la legislación (que en nuestro caso actual es el que goza de personería gremial).

Sin embargo, esa medida no puede estar dirigida a forzar decisiones políticas conmoviendo la paz interior como se da en los llamados paros generales. La ilegalidad entonces es manifiesta por su objetivo extra laboral en materia que resulta indisponible para el empleador.

Quienes insten a una medida de esa naturaleza podrían ser responsabilizados por los daños ocasionados por el ilícito, incluso tratándose de asociaciones gremiales sindicales o empresarias, porque el derecho de huelga garantizado por la Constitución no puede menoscabar el ejercicio de las autoridades que la misma prevé bajo el régimen republicano y representativo.

Si en conexión con una huelga, aunque fuese ejecutada una vez agotados los procedimientos previos de conciliación obligatoria, ocurriesen hechos ilícitos o delitos (cortes de rutas, ocupación de un establecimiento, amenazas, privaciones de la libertad, agresiones, daños intencionales, etc.) por denuncia de parte o de oficio se estaría en condiciones de iniciar las acciones civiles o penales que pudieran corresponder.

La protesta social, al igual que en el conflicto laboral, también puede (y debe) encauzarse sin afectar los derechos de los terceros ni incurrir en hechos delictivos.

El derecho de peticionar, no implica admitir la actitud sediciosa consistente en asumir una supuesta representación del pueblo, signo manifiesto de una patología política cuando pretende forzar decisiones de cualquiera de los poderes (ejecutivo, legislativo o judicial).

En los recientes episodios en la provincia de Salta, además del corte de ruta que configura un delito en sí mismo, hubo privaciones de libertad, un homicidio, lesiones, daños en los bienes públicos y privados, saqueos en comercios y viviendas privadas y otros episodios de innegable gravedad, muy lamentables por cierto.

Ha sido precisamente la gravedad de estos episodios y otros hechos similares los que están exigiendo una máxima prudencia a las autoridades para no tener que encauzar el acatamiento de la ley y el respeto de los derechos ajenos mediante la utilización de la fuerza pública que, aunque legitimada por la subordinación a la justicia, podría degenerar en consecuencias colaterales también peligrosas para la paz social y el funcionamiento de las instituciones.

De hecho en casos como éstos surgen algunos líderes informales que pueden participar de un diálogo; pero lo hacen sin responsabilidad jurídica alguna ni mecanismos de representación que les permitan asumir obligaciones confiables en nombre de sus mandantes.

Una medida conducente sería organizar servicios de mediación oficiales o a cargo de organismos no gubernamentales para intervenir a requerimiento en la prevención y solución de esta clase de conflictos que exceden el marco laboral.

Como se puede advertir el capítulo más importante en el tratamiento de estos reclamos informales recae en la prevención, porque las concesiones ulteriores de la autoridad ante una presión violenta incitan a su reiteración y no alcanzan por sí solas para reestablecer una normal convivencia estable.

Para avanzar en las soluciones es muy importante la disuasión que se opera cuando el peso de la opinión pública contribuye a considerar respaldable la acción de las autoridades y el sostenimiento de un estado de derecho

Los medios de comunicación masivos y las demás expresiones culturales juegan un preponderante papel en la preservación de esa conciencia sana de la opinión pública, aunque también es preciso que la conducta de las distintas dirigencias políticas, empresarias y sindicales se hagan merecedoras de la confianza y paciencia de la mayoría de la población que padece estas manifestaciones de anomia y desacato.

No pueden dejar de atenderse los reclamos muchas veces justos de cualquier sector de la población; pero la proliferación e incontinencia de estas situaciones de riesgo para la seguridad de personas y bienes tanto como para el libre ejercicio de actividades lícitas, pueden llegar a deteriorar gravemente la necesaria eficacia de las instituciones republicanas entre las que se cuentan en lugar preponderante los partidos políticos y las organizaciones sociales intermedias.

Para que la superación del grado de conflictividad sea efectiva, debe prevalecer en la opinión pública la sensación de que en líneas generales las autoridades y las demás dirigencias intermedias coinciden en sus objetivos con los de la comunidad que de ellos depende, en un proyecto del que se siente partícipe para canalizar sus reclamos por las vías pacíficas que les provee el estado de derecho.

Carlos Francisco Echezarreta

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