LAS ASIMETRÍAS EN LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN EL CASO PARTICULAR ARGENTINO octubre 9, 2007

Según los principios del derecho común las obligaciones de los individuos sólo   pueden ser impuestas  por ley, con alcance general e igualitario o por su voluntad libremente expresada salvo restricciones establecidas como excepciones  en  defensa del orden público.

En la vinculación contractual, la voluntad se puede manifestar  por sí o a través de representantes. Esta representación por un tercero en el derecho común  exige formalidades que en algunos casos llegan a la necesaria escritura pública (por ejemplo, para la venta de un inmueble).

Tales instituciones y principios que fueron elaborados contemplando otras circunstancias  resultaron inapropiados e insuficientes para  esta  nueva rama jurídica en su inicio llamada “derecho social” que comenzó a evolucionar vigorosamente desde comienzos del siglo XX.

Las particularidades del derecho del trabajo en  todo el mundo industrializado, (no solamente en la Argentina) dieron lugar a la generación  de la figura de la  representación colectiva para la negociación de condiciones de trabajo a través  de las  asociaciones sindicales de trabajadores, y, en menor medida,  de las llamadas cámaras empresarias.

Esa representación se denominó “de intereses” para diferenciarla  de la representación  “jurídica” propia del derecho común. No se requirió un mandato formal sino que se reconoció una gestión de los representantes legitimados, en nombre del conjunto, con facultades para intercambiar obligaciones  con la parte empleadora.

De esta manera se equilibraban las fuerzas para negociar entre un grupo de trabajadores vinculados por un interés común (la sección, la empresa, el establecimiento, el oficio, la región, etc.) y un empleador o un grupo de ellos.

En la experiencia mundial  se pusieron en práctica distintos mecanismos para otorgar la representatividad por el lado sindical de trabajadores bajo la guía de los principios de la  Organización Internacional del Trabajo, sus convenios fundamentales, en especial los Nº 87 y 98, otras normas internacionales y lo que se denominó el “constitucionalismo social” que incorporó en la mayoría de los países o estados provinciales  disposiciones protectorias inherentes  al trabajo y a la seguridad social.

En la década de los ´40 se suscribieron importantes convenios colectivos de trabajo en nuestro  país,  siguiendo la tendencia que ya se manifestaba en el resto del mundo. Por ejemplo, en el año 1948 tuvo lugar el convenio para empleados de comercio Nº 108 que al igual que otros tuvo reconocimiento judicial aún  sin una ley que lo previera, con basamento en principios adaptados de la legislación civil.

En el año 1953 se puso  en vigor la ley 14.250 que se ajustó a la estructura  sindical establecida en  el decreto ley 23.852/45. A través de la figura de la “personería gremial” asignó a determinadas asociaciones  la facultad excluyente de negociar y de suscribir convenios  colectivos de trabajo.

Al año siguiente  se dictó la ley 14.295  que bajo igual inspiración reflejó para el lado empleador la misma estructura  asignándoles a las cámaras que obtuvieran la “personería gremial” la exclusiva  representación  de las empresas  de la actividad, estén o no afiliadas.

Ambas leyes fueron derogadas como consecuencia  de la revolución ocurrida en 1955.  En 1958 al asumir la presidencia el doctor Frondizi en las primeras elecciones  luego de la interrupción  de facto, se restableció el sistema  del sindicato único a través de la ley 14.455.

Ese retorno al sindicato único   no alcanzó al sector empresario por lo que   se mantuvo derogada la ley 14.295 que estructuraba ese sector. Desde entonces rige una libertad amplia para que las entidades empresarias se  constituyan y desenvuelvan su actividad  con la sola exigencia de figurar en un  simple registro a los fines de la negociación colectiva.

Esta  evolución asimétrica estuvo  y sigue estando vinculada estrictamente con nuestra particular historia política y sus oscilaciones.

La prevalencia   de los convenios colectivos de actividad se ha revertido en los últimos tiempos descentralizándose la negociación hacia empresas, establecimientos, ramas  o regiones, supuestos en los cuales la representación  empleadora va alejándose paulatinamente de la tradicional cámara  que discute en nombre de todas las empresas de una actividad, estén o no asociadas.

Para no afectar las garantías constitucionales,  en especial la libertad de asociación, la solución podría consistir en atenerse a la representatividad  voluntariamente asignada por las empresas obligadas en una negociación, ya sea asociándose  o extendiendo un formal mandato a una Cámara; o como otra alternativa  fijando  por ley un plazo para que las empresas pudiesen  manifestar su oposición  a ser representadas por una   entidad empresaria.

Por el marco jurídico  descripto es indudable que las Cámaras empresarias  carecen de derecho a imponer contribuciones  de empresas no afiliadas o de reclamar la exclusividad para negociar  en representación de  empresas que no lo consientan de algún modo.

Debe diseñarse  adecuadamente el sistema de negociación colectiva porque ya es y será  cada vez mas el instrumento adecuado para responder eficazmente a las exigencias del mercado en reemplazo de las rígidas normas legales.

Se trata de regular por vía legal preferentemente el procedimiento adecuado de la negociación y no el contenido del convenio.

En caso contrario se sucederán reformas legislativas siempre insuficientes y genéricas  para las distintas materias, desaprovechando las indiscutibles  virtudes de este instituto específico de las relaciones laborales.

Artículo para la Revista Idea nro. 161-