Necesidad de asistencia para soluciones acordadas

Nuestra organización constitucional consagra la división de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, sosteniendo en forma enfática la autonomía de los jueces. Cabe a éstos últimos la exclusiva facultad de aplicar a los casos concretos las normas de derecho vigentes (contratos individuales, convenios colectivos,  convenios o tratados internacionales, etc.).

El juzgamiento está rodeado de garantías  referidas al “debido proceso” nutrido de diversos principios  como la inalterabilidad de los jueces naturales, la  igualdad  de las partes, el derecho a ser oído, el agotamiento  irrevisable de cada instancia firme  del proceso,  la prohibición de suplir  las omisiones de las partes y la inalterabilidad de la cosa juzgada, entre otros.

El conflicto laboral exhibe  características particulares que tornan insuficiente la sola acción reparatoria de la  Justicia porque no se reduce a zanjar una relación agotada sino que se proyecta en sus efectos a los vínculos subsistentes y al mantenimiento y  generación de fuentes de trabajo.

El régimen de asociaciones sindicales de trabajadores y empleadores, los  mecanismos de conciliación, mediación,  representación de los trabajadores en los establecimientos,  arbitrajes voluntarios u  obligatorios,  regulación de la huelga y figuras penales especiales para proteger el ejercicio de los derechos de los actores sociales y de la comunidad,  han  respondido a las  particularidades del conflicto laboral ampliando el relativo margen de decisión que cabe al poder judicial.

Hay  diferendos que se reducen a la aplicación concreta de una norma a un caso particular y otras controversias  que  apuntan a regular el intercambio de obligaciones proyectadas hacia el futuro. Los primeros serían los llamados “conflictos de derecho” y las otras alternativas se denominan “conflictos de intereses”.

En el primer tipo de conflictos, que podríamos llamar litigios porque se encaran mediante la traba  de una “litis”, el tribunal competente deberá atenerse a la ley vigente al momento de los  hechos y dictará sentencia de conformidad con las constancias de la causa. El fallo alcanza a quienes han sido partes del mismo y con las limitaciones propias de un proceso judicial.

La etapa de conciliación ya sea  en sede judicial  o administrativa  permite que cada una de las partes ceda algo de su pretensión. En  una sentencia  no es posible diseñar un punto equitativo intermedio sino que el Juez deberá limitarse a interpretar las normas preexistentes aplicables.

La negociación colectiva es el método ideal de solución de conflictos colectivos de intereses. Las partes  acuerdan las obligaciones recíprocas con un procedimiento de diversas características según  cada país, con mayor o menor libertad sindical y autonomía de las partes para suplir, modificar o derogar las disposiciones contenidas  en   leyes o decretos en la parte disponible.

Se ejerce el denominado principio de transacción de importante trascendencia en el orden laboral,  que escapa a las facultades de los jueces.

Según este principio, el vínculo laboral se estructura y fortalece mediante la obtención de ventajas a cambio de concesiones recíprocas por vía de la negociación directa y la autonomía de las partes.

La  autoridad administrativa  no puede inmiscuirse  en la resolución de cuestiones de derecho por expresa   prohibición   de la Constitución Nacional mientras que los jueces no pueden apartarse de la ley y transformarse en fuentes de normas generales.

Los institutos de la conciliación, mediación, arbitraje voluntario y arbitraje obligatorio han  tenido un desarrollo paralelo  al que se produjo   con la evolución de  la justicia del trabajo en todas las jurisdicciones del país.

En  los últimos años  algunas experiencias han enriquecido el desenvolvimiento de esta actividad conciliatoria,  como ha sido el sistema  oficial obligatorio previo instaurado por la ley  24.635 que admite  también  los servicios voluntarios por vía de la negociación colectiva de actividad para los conflictos de derecho, con la prevista vía judicial ulterior ineludible si no hay acuerdo de partes.

Al amparo de esa norma se encuentra en funciones el Servicio de Conciliación Laboral Optativo para Comercio y Servicios creado por acuerdo colectivo con iguales características y excelentes resultados.

La ley 25.250 de Reforma Laboral a su vez ha creado el Servicio Federal de Mediación y Arbitraje como una persona de derecho público no estatal, con autonomía funcional y  autarquía financiera, que debería  ponerse en actividad cuanto antes con la adhesión de las provincias.

Estas actividades de conciliación permiten soluciones equitativas  que no son el resultado de la forzosa aplicación de la ley sino de alcanzar puntos de coincidencia al que pueden arribar  las partes con la colaboración de funcionarios  idóneos  que aumentan de manera constante su eficiencia aplicando técnicas y conocimientos  apropiados.

Para disminuir la conflictividad,  en vez de sustituir la negociación flexible entre los actores sociales,  el poder político debería dedicar su esfuerzo a desarrollar las funciones de asistencia y participación para que las partes dicten en forma descentralizada sus propias reglas con el límite razonable del orden público.

Artículo para la revista Idea nro.  160 –