La elevada proporción de pobres e indigentes en nuestra sociedad condiciona la formulación de políticas públicas en sus contenidos y en sus tiempos.

Desde el punto de vista estadístico se podría definir la “pobreza” como la condición de las personas cuyo consumo o ingreso está por debajo de un determinado nivel. Este conjunto incluye otro subgrupo denominado “indigentes”, que son aquéllos que aún destinando la totalidad de sus ingresos a su alimentación no logran cubrir sus necesidades básicas de nutrición.

Los criterios respecto de esos niveles varían según cada país en razón de las características naturales de su territorio, su cultura y sus antecedentes, por lo que no toda comparación es válida en el marco internacional.

En algunos países se toma en cuenta otra categoría; la de la “pobreza crítica”, que representa a los individuos que carecen de la aptitud necesaria para incorporarse de algún modo a los mercados formales de trabajo, por lo que se debe sostener únicamente con asistencia social.

Suele introducirse otra distinción que es importante en la definición de la pobreza y es la fijación de los niveles de acuerdo al ingreso, por un lado, y la relacionada con el consumo, que incluye para esa determinación a los bienes y servicios proporcionados por programas de auxilio social, con el agregado de apoyos dinerarios graciables como consecuencia de políticas públicas o privadas llevadas a cabo por el Estado, organizaciones no gubernamentales o particulares solidarios.

No se trata, por ende, de ingresos procurados por los afectados sino de necesidades cubiertas por un tercero.

Si se comparan dos países que utilizan la medida de la pobreza en relación con el ingreso pueden figurar ambos con el mismo nivel; pero el que tiene mejores servicios sociales tendrá en la realidad, menos carencias. Un mismo país puede ser observado en épocas con distintas políticas de contención y en tal caso los datos no reflejarían situaciones iguales aunque tuviesen valores o proporciones idénticos de ingresos.

Es probable que éste último sea el caso de Argentina aunque esa circunstancia no sirve más que para explicar que el elevado porcentaje de pobres (más del 50%) y de indigentes (alrededor del 25%) no han sobrepasado el nivel de tolerancia de la sociedad bajo el amparo de coberturas a través de subsidios, servicios o soportes familiares..

Para tener una idea de la gravedad que asume la pobreza en nuestro país más allá de esas proporciones de por sí preocupantes, bastaría con señalar que una buena parte de trabajadores públicos, especialmente dentro de las fuerzas armadas y de seguridad, se encuentran bajo la línea de pobreza como también lo están una buena parte de los trabajadores del sector formal de las empresas privadas. Se estima que un 40% se halla en esa condición.

Tradicionalmente se ha identificado a los pobres con los desempleados, dando por sentado que al menos los trabajadores en relación de dependencia contaban con la garantía del salario mínimo, vital y móvil, consagrada en nuestra Constitución Nacional y en la legislación específica, que debería abonársele en efectivo.

Nuestra realidad actual agrega otra versión distinta y más inquietante de la pobreza cuando se analiza la distribución etaria de los individuos por el exceso de jóvenes menores de 25 años y mayores de 45 años sin ingresos estables. También cuando se advierte el elevado porcentaje que afecta a individuos con estudios calificados.

En igual sentido, otra gruesa proporción de pobres e incluso indigentes está ubicada en la franja de jubilados y pensionados cualquiera sea el criterio de medición que se adopte.

¿Cómo se puede reducir este índice tan gravitante?

Hasta la década de los 80, en líneas generales se suponía que la inversión creciente conllevaba una disminución de los índices de pobreza.

La Argentina, como ha ocurrido en otros aspectos, ha demostrado ser la excepción a esa regla.

A los records de inversión en años recientes les sucedieron records de incrementos en la línea de pobreza tanto en la cantidad absoluta como en el porcentaje de pobres, hasta llegar a la actual situación que estamos describiendo.

No parece difícil la explicación de esa paradoja si aceptamos que esa inversión se produjo para privatizar empresas del Estado con exceso de personal y para sustituir mano de obra en la actividad privada a través de los bienes de capital con incorporación de tecnología, al amparo de la apertura económica.

Hasta entonces la ineficiencia y la pobreza, se disimulaban con inflaciones crecientes y endeudamiento público para cubrir el déficit del Estado.

Sometido el país a las inexorables reglas del mercado se sinceró un patético cuadro de desempleo y pobreza, con recesión económica, que en alguna medida siempre ha sobrevenido a las denominadas políticas de ajuste en el corto o mediano plazo.

La inestabilidad económica y la inseguridad jurídica que todavía nos afectan nos han constituido en un país de riesgo que da lugar a inversiones que en su gran mayoría aspirarán a una rentabilidad muy elevada a fin de acotar las contingencias a un breve lapso.

No es ese tipo de inversión el que habrá de fomentar empleo decente, como lo ha evidenciado en los años últimos.

Dificulta las soluciones la necesidad simultánea de una baja del gasto público y una disciplina fiscal estricta, que en el corto plazo siempre castiga al empleo, (principalmente el urbano) por sus efectos recesivos.

Hay tres condiciones de las políticas públicas que son necesarias aunque no suficientes:

1º) Las políticas de ajuste estructural necesarias para esta transición deben estar acompañadas con el fortalecimiento del estado de derecho.

2º) La gestión política debe orientarse hacia el fomento de las posibilidades de rotación y alternancia fomentando el pluralismo y la participación democrática a fin de que el proyecto superador de esta crisis de pobreza e injusticia social y el esfuerzo necesario en la transición sea general y compartido.

3º) El fomento y protección de la institucionalidad desde el estado de derecho con aceptación y respeto de la legalidad deberán constituir las condiciones básicas para el funcionamiento de una economía social de mercado.

No parece acertado asignar prioridad a la lucha contra la evasión mientras la plataforma de seguridad social y de carga tributaria sobre las rentas del trabajo no sean adecuadas a nuestra cruda realidad.

Buena parte del trabajo informal está representado por quienes conforman la franja de la pobreza, que no pueden soportar siquiera su propio sustento.

Carlos Francisco Echezarreta