En líneas generales, prácticamente la totalidad de países del mundo,  aún con sustanciales diferencias ideológicas y políticas, ha pasado en  las últimas dos décadas desde la inflación a una estabilidad de precios,  con profundas reformas estructurales para abrir las economías a las reglas del mercado

En nuestro país ese proceso se llevó a cabo principalmente en la última década  con la privatización de empresas estatales y servicios públicos, innovaciones drásticas en materia  de riesgos del trabajo y previsión social, eliminación de subsidios y otras reformas tributarias.

Todas estas transformaciones han sido profundas y complejas, aunque han sido objeto de correcciones ulteriores  con perspectivas de más modificaciones en curso, sin que esto implique un juicio de valor sobre su carácter progresivo o regresivo que no es el objeto de esta nota.

En la mayoría de los países la eliminación de las regulaciones  estatales ha devuelto  a los operadores sociales las autonomías de las decisiones micro económicas, favorecidas  también  por la reducción de la incertidumbre monetaria, cambiaria y financiera.

En el caso de nuestro país,  sin embargo, la estabilidad monetaria y cambiaria no ha sido acompañada por una análoga  evolución de otras variables no menos importantes de la macro economía, como lo son la tasa de interés, el equilibrio fiscal y el endeudamiento público nacional y provincial ,  ya sea para financiar  los gastos del sector o para dejar de cumplir unilateralmente con pasivos determinados por la Justicia (como ha sido el caso de la deuda previsional), que derivan de obligaciones asumidas con reglas de juego preestablecidas por el propio Estado.

Por otro lado, simultáneamente nuestro país no ha generado un marco jurídico adecuado al sistema laboral,  en especial en lo que hace a la reversión de la llamada “inflación normativa” y de la verdadera negación de los mecanismos de negociación colectiva y de representación social adecuados a principios constitucionales y normas internacionales ratificadas en debida forma.

Nuestro país ha pagado el precio de un sistema inadecuado e ineficiente en materia laboral,  con reformas que han pecado a veces  por desprolijas o por insuficientes o  directamente negativas.

La corrección estructural debe darse en forma coordinada con la  implementación de  la apertura económica que es  característica inevitable  de la mundialización.

Si se invierten los términos  y primero se somete a las fuentes  de trabajo a los rigores de la competencia internacional sin adaptar previamente  los sistemas internos  concurrentes a ese objetivo, las consecuencias de la globalización  resultarán negativas para el  desarrollo económico, el nivel de empleo y la paz social.

La denominada desregulación y la remonetización de la economía   produjeron inicialmente en  la generalidad de los países una fase de expansión, como ocurrió en nuestro caso .

En nuestro país este fenómeno fue acompañado por aumentos   del endeudamiento,  por una apreciación extrínseca y no genuina del tipo de cambio real y por un pesado encarecimiento de las  tasas de interés.

Debemos agregar que el impulso  primario que el nuevo orden económico internacional  dio a la recaudación fiscal llevó a los gobiernos a embarcarse en programas de gastos con financiamientos  no del todo consistentes, por  lo que en   especial en América Latina se ha tropezado con dificultades cambiarias, financieras o fiscales sobrevinientes.

Cuando ese efecto acelerador inicial se atenúa, estas debilidades  tienden a causar  una recesión y desaceleración de importancia, máxime si el gasto expandido sin el debido sustento ha sido orientado para responder en gran medida a compromisos operativos que no generarán reposición.

No puede ponerse en duda que las reformas económicas que se han afrontado han sido ineludibles y que obedecen al compás impuesto por la globalización; pero también es innegable que no debe aguardarse una grave declinación del empleo y del ingreso salarial con el consiguiente impacto en el  consumo interno para adoptar medidas  adecuadas a fin de tornar viable el nuevo cuadro relativo entre la economía de las empresas y la intervención regulatoria estatal que hace al bien común.

Es evidente que una de las  respuestas de nuestra sociedad a este proceso de reformas ha sido el no-acatamiento de las reglas de juego propuestas, como puede advertirse con el índice de trabajo en negro y de morosidad en los pagos de tributos tanto como en el grado de incumplimiento de las normas sobre condiciones de trabajo de   que dan cuenta las estadísticas oficiales.

La tendencia normativa desde el Gobierno   para revertir esta situación se  está orientando hacia el incremento de las sanciones  elevándolas a grados paralizantes  en todos aquellos casos en que los  medios de control y de juzgamiento puedan alcanzar a un infractor,  en una especie de tómbola punitiva sin consciencia, cercana a la negación de la justicia.

La expresión  del acatamiento al orden social  que excede el marco laboral y tributario, revela diferentes estadios que permiten apreciar  su  gravedad y alcances, a la vez que evaluar las políticas destinadas a corregir nuestro patológico desvío, no necesariamente reducidas al peso de las sanciones.

En un extremo, el acatamiento deriva solamente del rigor y la certeza del castigo. Cuando el individuo o empresa acata las reglas de juego es por temor  a la sanción o por haber sido compelido  forzosamente a su cumplimiento.

En el estadio opuesto  el acatamiento se ajusta a la aprobación expresa o implícita de la comunidad y a los valores reconocidos por el conjunto que impulsan a que el cumplimiento tenga lugar  por convicción, limitándose la acción punitiva a un tolerable margen.

En el primero de los supuestos se ubica  el Estado como  único elemento ordenador; pero su objetividad  queda comprometida porque quienes ejercen su representación hasta en los niveles modestos,  no pueden dejar de formar parte de una sociedad que reniega de los factores solidarios, sin poder exhibir muchas mayores virtudes o  menores defectos que los que caracterizan  la fuente de donde provienen.

En cualquiera de los estadios extremos o intermedios es definitoria la actitud ejemplarizadora de la clase dirigente y de las expresiones culturales.

Quien lea esta página podrá apreciar según su propio criterio  en qué estadio entre esos parámetros  se encuentra la sociedad argentina; pero es evidente que los efectos de la globalización  también se verán reflejados de distinto modo si es que al cambio en las estructuras y sistemas laborales, tributarios, financieros y otros, no se agrega un acompañamiento  razonable del comportamiento ético.

En ese sentido, debe concebirse a la sociedad como un organismo vivo no equivalente a la simple suma de sus integrantes individuales, en tanto la sociedad debe tener mecanismos destinados a hacer  prevalecer el  interés general respecto de los circunstanciales apetitos individuales o sectoriales  que se le opongan.

Como el fenómeno de conducción política no admite la división por fases ni la simplificación en los términos en que sugiere esta nota, debe tomarse como una evolución normal  el reacomodamiento simultáneo de todos los sistemas entrelazados y de las cuestiones éticas  en un movimiento permanente que  debe ser interpretado como una expresión de salud y como una oportunidad, más que como una circunstancia indeseable  que nos conmueve en la actualidad.

Nuestras estructuras crujen quizás más de lo debido; pero es el precio inevitable de nuestra idiosincrasia colectiva proclive a la picaresca y a la  confianza desmedida  en la buena fortuna.

No estamos ante el fracaso de nuestro cambio estructural y cultural aún en curso. Es muy probable que se esté dando una oportunidad inmejorable para apuntalar una sociedad que se haga merecedora de salir fortalecida en todos sus estratos y en especial en su clase dirigente.

Carlos Francisco Echezarreta