El conocimiento, a través de la investigación, ha desarrollado avances tecnológicos que tienden a desplazar puestos de trabajo generando lo que se denomina “desempleo tecnológico”.

De tal modo, se produce más, en mejores condiciones competitivas, con menos puestos de trabajo.

El incremento de la producción hace necesario que el desplazamiento de los puestos de trabajo  que resulta de ese avance tecnológico no llegue a generar una desocupación con efectos recesivos, por la caída del poder adquisitivo de la disminuida masa salarial.

Podría enunciarse esta tesis  con otras palabras, sosteniendo que  ante un aumento de la productividad de la mano de obra por razones tecnológicas, el mercado debe  generar nuevos  puestos de trabajo, con ingresos salariales equivalentes que permitan sostener o acrecentar el consumo.

Este fenómeno que se registra de manera universal, acompañado por efectos secundarios de otros avances tecnológicos  más allá de la productividad laboral en sentido estricto, configuraría un problema a encarar para diseñar adecuadas políticas nacionales en materia de empleo.

Por ejemplo, no es poca la influencia  en el índice de desempleo de la prolongación de la perspectiva de vida o edad promedio, que se eleva (afortunadamente) de manera notoria, con el mantenimiento de buenas condiciones físicas e intelectuales, que en estos momentos de auge del conocimiento  como factor productivo concede – en muchos casos – a esa franja etaria  ventajas  comparativas, respecto de los jóvenes, para continuar disputando los  puestos de trabajo.

Este cuadro generalizado se refleja de manera distinta en cada país o región,  por las diferentes actitudes y respuestas que origina.

En nuestro caso hay ingredientes que complican aún más el problema en relación con la ocupación e ingresos de trabajadores autónomos,  dependientes y beneficiarios de la seguridad social.

El desempleo aquí  se ve agravado por la necesaria racionalización del sector público, en todos los órdenes, que debió asumirse por razones que no se corresponden indudablemente con el progreso tecnológico.

Lo propio ha ocurrido en el ámbito privado con las llamadas “reingenierías” de empresas, sobredimensionadas por una realidad modificada  drásticamente con la apertura económica..

Las “privatizaciones”, a su vez, han debido pasar el filtro de la racionalización del personal ocupado, con  reestructuraciones que se sumaron a los avances tecnológicos simultáneamente incorporados de manera súbita  por las empresas que asumieron su conducción con posibilidades  de inversión,  antes no existentes mientras las empresas – no solo de servicios públicos esenciales – permanecían en el ámbito estatal.

La eliminación del servicio militar obligatorio también ha contribuido a que un buen número de jóvenes esté incrementando la oferta de trabajo, antes disimulada u oculta bajo esa figura.

Es indudable que la llamada “globalización de la economía”, al facilitar el comercio internacional ha ensanchado la base de consumo destinada a absorber el incremento de oferta que ha  sido el resultado de la mayor productividad de la mano de obra con los avances tecnológicos, de modo principal  en beneficio de los países con adecuadas condiciones y políticas exportadoras, que no es  precisamente nuestra característica destacable o punto fuerte.

También es cierto que esa apertura internacional permite trasladar el desempleo a los países con sistemas de trabajo inadecuados.

Si el desempleo derivado de los nuevos sistemas  o tecnologías puede ser llamado “desempleo tecnológico”, la imposibilidad de acceder a un  trabajo suficiente y digno, cuando obedece a malas políticas, debería ser calificado como “desempleo patológico”.

Detrás de  todo este cuadro debe considerarse como “cuestión social”  a la oportunidad de obtener los ingresos necesarios para un desarrollo integral de la persona o la familia como unidad celular de la sociedad a través del desempeño de labores que puedan ser ejercidas sin desmedro de la dignidad del ser humano.

Si bien lo que podríamos llamar “el impulso  económico” se mueve con menos solidaridad que “el impulso social” nunca el primer carácter debería alcanzar un grado de egoísmo tal que  pudiera   malograr las satisfacciones mínimas del conjunto,  desbordando  los límites que impone la necesaria paz social y la seguridad política.

Estas reflexiones no significan un reconocimiento de que nuestro sistema actual de relaciones del trabajo y de la seguridad social haya resuelto adecuadamente  hasta hoy el justo equilibrio de la cuestión económica y la cuestión social y que el planteo de su reforma recién introduce el tema del  “costo social” a partir de ahora.

Muy por el contrario, es con el sistema actual (que no ha sufrido  necesarias y adecuadas modificaciones),  con el que se ha arribado a los índices de desempleo de la actualidad,  de características más “patológicas” que “tecnológicas” en  el caso especial de nuestro país.

La solución a nuestra cuestión social impone, precisamente,  la necesidad  de una reforma, aunque es preciso subrayar que el ajuste o transformación del sistema no se agota con un mero cambio de las leyes enfocadas parcialmente, sino que deberán adoptarse medidas adecuadas, que hasta ahora  no se ven reflejadas en las propuestas dadas a conocer  en los  últimos tiempos bajo ese argumento  y tampoco se advierten en los proyectos  hoy en trámite parlamentario.

Los partidos políticos deben recoger el desafío y elaborar los cursos de acción apropiados, con participación – pero no  sólo con negociación y transacción – con los sectores que están  poniendo por encima del interés general  a sus propios intereses.

Carlos Francisco Echezarreta