Una elemental y primaria  observación del cuadro socio-económico de nuestro país permite apreciar considerables desvíos en el mercado de trabajo.

Se percibe  un persistente y alto porcentaje de desempleo y subocupación, de trabajo informal y de morosidad  frente al sistema de seguridad social,   en niveles que exigen la mayor atención de los actores privados y de los sectores políticos y de gobierno.

Esos datos no son los únicos reflejos de una patología en materia de empleo porque quedan sin considerar los altos índices de rotación,  precariedad, baja remuneración, escasa creatividad y poca participación y compromiso   de los trabajadores con sus respectivas comunidades laborales, que son efectos colaterales de aquellas anomalías.

Dentro del sistema de economía social de mercado  el empleo es un ingrediente fundamental.

Las patológicas manifestaciones en el ámbito del  trabajo a que hago referencia más arriba, en modo alguno pueden entenderse como un correlativo  beneficio reportado al sector empleador y ni  siquiera a quien interviene en la titularidad de las empresas como mero inversor especulativo.

El mecanismo de empleo juega un papel económico trascendente en  la distribución del ingreso que sirve de impulso de la actividad económica a través de la demanda descentralizada.

El acceso a un trabajo digno que permita la realización personal y la autonomía  familiar debe  ser considerado uno de los derechos humanos de mayor jerarquía.

De esa  posibilidad  deriva la igualdad de oportunidades  y tratos, la necesaria movilidad social propia de las democracias modernas, la instrucción, educación y cultura de individuos y grupos familiares que de él dependen, con las consecuencias  que ello apareja en la calidad de la convivencia y la solidaridad.

Los datos que exhibe el nivel de empleo en nuestro país reflejan graves desvíos.

En primer lugar es muy preocupante  la permanencia  de un alto índice de desocupación con serias  dificultades para  obtener el primer empleo en el caso de  los trabajadores jóvenes y para reinsertarse en el mercado laboral  de aquéllos que han perdido su ocupación acentuándose esa dificultad a medida que es mayor la edad del afectado.

Otro sector de la población económicamente activa ofrece servicios  incumpliendo total o parcialmente las obligaciones legales que le permitirían un  acceso a los beneficios de la seguridad social, de tal manera que carece de protección  tanto en materia de  salud como de previsión.

Este empleo informal se caracteriza por su baja calidad, lo que trae como consecuencia una retribución escasa, alta rotación, falta de compromiso y participación,   entre otras implicancias negativas   para ambas partes de la relación laboral.

De este cuadro en muchos casos deriva el “sobreempleo” anomalía mediante la cual el trabajador procura mejorar sus ingresos prolongando su jornada  con diversos empleadores, dejando de cumplir en la mayoría de los supuestos con normas básicas que hacen al orden  público y a derechos fundamentales consagrados  en nuestras leyes y en las normas internacionales del trabajo.

En forma simultánea se ha  producido  una mayor inserción de la mujer en el mercado de trabajo, lo que ha significado un progreso en cuanto a la igualdad de oportunidades en razón del sexo.  Sin embargo, cuando se produce una ausencia prolongada del hogar de ambos progenitores, se ha llegado   muchas veces a resentir  la vida familiar que es el ámbito primario de la instrucción,  educación y cultura de los individuos.

Cabe señalar que las patologías que estoy comentando no  se corrigen con un seguro de  desempleo o subsidios  en tanto sean utilizados como herramientas casi exclusivas y no se ataquen simultáneamente las causas profundas del flagelo.

El subsidio puede ser un complemento temporario  aplicado  conjuntamente con otras medidas tendientes a corregir problemas estructurales  de emergencia social;  pero no puede exceder los límites de presión tributaria sobre los demás  sectores que deben   desenvolverse en un marco competitivo internacional.

Digo “marco competitivo internacional” porque parecería que la tendencia hacia una apertura mundializada impide encerrarse en un mercado interno y mantener sistemas  inadecuados e ineficientes que permitan  la fijación de precios según los costos generando de tal modo inflación  bajo el pretexto de la protección.

El seguro de desempleo a diferencia del subsidio sirve para afrontar las consecuencias de la desocupación de naturaleza “cíclica”.
Lo que se hace es acumular recursos en los lapsos de actividad para cubrir las necesidades en el momento en que cae la ocupación; pero la inconveniencia  de ese remedio se hace patente cuando tiende a cubrir ineficiencias estructurales  y otras causas que no responden a ciclos pesando así sobre la economía global con cargas tributarias que el sector productivo no puede soportar elevando así las tasas de desempleo que finalmente llevan al  colapso del intento.

Otro aspecto  a tener en cuenta para comprender los problemas de  nuestro mercado de trabajo es una referencia a la relación entre el empleo  y la inversión que en su momento dio lugar a un verdadero axioma aceptado por quienes analizábamos el tema: debe generarse empleo suficiente para dar lugar al crecimiento  vegetativo de la población económicamente activa, a fin de no incrementar la tasa de desocupación por el aumento natural de la demanda de trabajo.

Se aceptó entonces que la creación de un puesto de trabajo insumía, según cada actividad, entre diez mil y cincuenta mil dólares.

Si se incorporaban, por ejemplo, doscientos mil  nuevos trabajadores a la población económicamente activa por el solo crecimiento neto  vegetativo,  debían destinarse – para simplificar las cuentas -  no menos de dos mil millones de dólares de inversión al sólo efecto de no incrementar los niveles de desempleo.

La inversión efectiva en puestos nuevos de trabajo, por tanto, debía incrementarse al menos en esa cifra anual.

También debían compensarse los desplazamientos  ocasionados por  los avances tecnológicos que ya desde antes de la revolución industrial han ido produciendo sucesivos reacomodamientos  en el mercado laboral.

Con la última década buena parte de las inversiones son adquisiciones de empresas preexistentes  cuyos rendimientos se optimizan mediante la eliminación de personal,  no por  una intención perversa sino por una exigencia  natural  del mercado  de alcanzar la mayor eficiencia en la organización empresaria, las técnicas de  conducción, los procesos de producción y otros aspectos como son los sistemas de comercialización,  distribución de productos y tecnologías de la información y comunicación.

Todas estas cuestiones  que no pueden dejar de marchar al compás  de la evolución global que escapa a las expresiones de deseos que  pretendan desconocer la realidad, son variables no controlables que deben ser asumidas para aportar soluciones efectivas.
Una vez más debe ubicarse la economía en su verdadera dimensión,  como herramienta de la política y no como un fin en si misma, por lo que el tema  merece algún párrafo.

Las cuentas públicas son  una exigencia de buena administración; pero sólo eso. No son un fin sino un medio.

La política debe gerenciar los recursos sirviéndose de las herramientas económicas para alcanzar los objetivos  propios de la dimensión social: el bien común.

La otra dimensión, la ética, es imprescindible para el gerenciamiento honesto que de no existir condena al fracaso a cualquier actividad humana desde un ángulo social, político o económico.

Parecería que los objetivos intermedios de la economía hoy  prevalecen sobre los fines  de la sociedad a  tal punto que no se percibe  que la desaparición de empresas y fuentes de trabajo, el alto desempleo, el trabajo informal y la morosidad tributaria se han producido justamente  en una década elogiada por sus logros económicas y sus reformas estructurales.

Deberíamos aguardar con mayor expectación cuáles son los verdaderos objetivos  de bien común que persigue nuestra sociedad para recién entonces ocuparnos de las herramientas económicas aptas, factibles y aceptables que podrían  servir al gerenciamiento político.

Carlos Francisco Echezarreta