La puesta en escena de la crisis argentina ha sido lenta, progresiva pero a la vez estrepitosa.

En general  estamos acostumbrados a vincular lo súbito con lo ruidoso. Se agrega entonces otra nota particular a las singulares características de nuestra crisis. Alguien la asimiló a “un choque de trenes en cámara lenta”.

La  persistencia con que han sido señalados los indicadores del verdadero estado  de nuestra situación económica,  política y social nos obliga a reconocer que el deterioro  actual no puede haber sorprendido a alguien medianamente informado.

Llama la atención de un observador,  en cambio, la tenacidad con que se ha insistido con el mantenimiento de políticas erróneas, en especial  en las cuestiones del trabajo y de la seguridad social.

Debido  a que han predominado los intereses sectoriales respecto del bien común, ninguna  de las reformas ha apuntado  debidamente a solucionar los desajustes técnicos para afrontar la dura competencia del nuevo escenario global sin secuelas dolorosas.

Desde distintos ángulos se ha ponderado o criticado nuestro sistema laboral, abarcando tanto la legislación del trabajo  y de la seguridad social como el sistema de relaciones laborales colectivas. A esta altura, cualquiera sea la  aptitud que alguien  pueda atribuir al modelo,  se  torna inconducente detenernos en el pasado.

Simplemente a nadie puede haber dejado satisfecho.

Los indicadores  sociales negativos de la actualidad (como  lo son la alta desocupación, el empleo informal, la desprotección social, los niveles de pobreza, la deserción escolar y otros no menos graves y preocupantes) pueden ser atribuibles al  cambio del marco internacional; pero no puede dejar de aceptarse que ha habido una ineficaz respuesta de nuestra parte.

Tanto el cambio insuficiente e inadecuado como la extrema rigidez en las estructuras básicas inviables (pero aún vigentes como si lo fueran)  no solamente no han impedido  “El malestar en la globalización” a que se refirió Joseph Stiglitz,  sino que han expandido los daños como no ha llegado a ocurrir en otros países, incluso con menos potencial que el nuestro.

Puede discutirse  si la desprotección social y el colapso del empleo  se deben o no  a la continuidad de un sistema desactualizado e ineficaz por haberse limitado a introducirle  reformas cosméticas sobre cuestiones no esenciales. De lo que estamos seguros es de que no estamos provistos de un sistema capaz de evitar estas secuelas y por lo tanto, mucho menos apto para revertir esta  dramática situación.

El problema radica entonces en descubrir cuáles son las fallas y defectos y cómo debería ser la estructura final  luego de una apropiada transición.

Subrayo la “apropiada transición” porque un vuelco traumático desraizado de lo que ya es nuestra  historia, buena o mala, a esta altura  podría agravar el desconcierto y la falta de fe que padece nuestra sociedad.

Las herramientas de detalle que han sido objeto de superficiales reformas (fomento de la precarización,  desfinanciación del  sistema previsional, variantes en el régimen indemnizatorio del despido y otras modificaciones), han dejado de ser aspectos  en aptitud de  revertir la crisis o de detener su evolución negativa.

En ese sentido  inconsistente se han bajado  y subido las indemnizaciones y se ha hecho lo propio con las cargas tributarias de la seguridad social o los impuestos sobre el trabajo.

Las modificaciones en materia de negociación colectiva también han demostrado su ineficacia no solamente para dar solución al fondo del problema ocupacional sino también para permitir la actualización de los convenios colectivos inoperantes y desactualizados desde 1975, ocasión aquélla en que  se cumplió  la última ronda generalizada en un cuadro de situación también crítico en lo político, económico y social.

Se ha hecho evidente que la negociación colectiva, por ejemplo, que es un instrumento al servicio de  los actores sociales para descentralizar y agilizar la elaboración de normas de aplicación colectiva que permitan afrontar con respuestas ágiles y descentralizadas los cursos cambiantes de la economía de mercado, en nuestro país se torna inoperante y deja de utilizarse cuando más se la necesitaría  llegando incluso a su prohibición por ley, como ha sucedido en épocas anteriores.

Para advertir que no se trata de una cuestión ideológica o propia  de un partido político en particular la suspensión o prohibición ha  ocurrido también durante gobiernos constitucionales y de raigambre popular.

Cuando entró en vigencia la ley 25.250 de reforma laboral  con relación a la cual  se denunció ante la justicia que hubo incentivos en   dinero para facilitar su sanción,  tanto los sectores sindicales como las cámaras empresaria, mostraron  en los hechos su voluntad de no trasladar a ese ámbito  la fijación de condiciones de trabajo ajustadas a la emergencia, sentenciando la inutilidad de ese esfuerzo aparatoso.

Una respuesta a todos estos interrogantes me  parece sencilla: nos falta el ingrediente sin el cual no hay sistema que pueda satisfacer el bien común.

Me refiero al nivel mínimo de honestidad necesario y prevaleciente en toda la pirámide social y política.

Por esa carencia se frustran las bondades de la democracia cuando quienes eligen  no promueven a quienes lo merecen. Esto se agrava cuando los obligados a ejercer controles y ayudar  a formar la opinión pública (como los integrantes del poder judicial, periodistas, empresarios y sindicalistas) consienten, encubren y explotan en su favor las debilidades de este estado de cosas.

Estoy profundamente convencido que la reducción simplificada del problema a los aspectos técnicos a esta altura contribuye al engaño colectivo.

El cambio que hace falta debe consistir en el reconocimiento concurrente de una auténtica voluntad de comprometer una honesta gestión por   parte de cada uno de nosotros en la parcela que se encuentra bajo nuestra responsabilidad.

Hasta ahora no hemos hecho otra cosa  que acomodar la ley a la trampa, con vaivenes propios de un péndulo.

Las soluciones técnicas son múltiples y perderíamos tiempo en enunciarlas. Solamente debemos  cambiar la motivación en base a la cual las mismas  se  seleccionan y ponen en ejecución por la dirigencia.

No hay una excluyente  medida apta. Varios caminos pueden conducir al mismo destino. Sin embargo, cualquiera sea la vía elegida no puede estar ausente un mínimo de honestidad en la gestión política, empresaria y sindical.

Queda identificado el “algo” que debe cambiar.