Las responsabilidades de los poderes públicos y de los particulares

Como hemos señalado en forma constante,  el sector empresario no puede desentenderse del entorno  político y social en donde debe desenvolver su actividad.

Los problemas ambientales, de la seguridad social, de la educación, de  la justicia, de la seguridad personal o de la salud, entre otros, tienen relación directa con la generación, desarrollo y subsistencia de las unidades de producción y servicios en un mercado activo, consolidado y previsible.

Es una responsabilidad primaria de un analista describir los problemas que amenazan la evolución del conjunto social y de las partes que integra al mismo.

Cualquiera sea la administración política o su orientación ideológica, la sociedad deberá encontrar respuesta efectiva a los requerimientos básicos de la comunidad.
Cuando se comparten objetivos coincidentes, los intereses  parciales o sectoriales ceden ante las exigencias del bien común.

El interés lucrativo estrechamente ligado al sistema de economía de mercado que hoy prevalece, no puede dejar de someterse a límites en orden a esa subordinación imprescindible que hace a su propia viabilidad y aceptación, aunque por definición parece ser el más egoísta y el menos solidario de los intereses en juego.

Aún en ese supuesto de interés legítimo aunque egoísta de cada individuo (sea como empresario, trabajador autónomo o dependiente, jubilado, rentista o inversor) siempre se aspira a imponer el bienestar general como garantía de viabilidad de las aspiraciones individuales.

El avance de la humanidad en el reconocimiento de ese equilibrio entre el interés individual y el bien común ha significado el  logro más positivo en el campo social y ético, aunque no se evidencie con la misma espectacularidad de los progresos tecnológicos,   más fáciles de percibir.

En nuestro país, de modo similar a lo que ocurre en el resto, la denominada “cuestión social” afronta delicados problemas  de empleo que inciden en todos los niveles  de convivencia, en especial, dentro del llamado “núcleo familiar”.
Para tener una idea del alcance de esta afección, según datos estadísticos de circulación generalizada, cada núcleo familiar sostiene un desempleado y un jubilado, ambos carecientes por diversos motivos, pero siempre atribuibles a una defección de las responsabilidades políticas, sea al elaborar las leyes, al ejecutarlas o al impartir justicia en los tribunales.

Sabido es que la seguridad social se canaliza a través de los sistemas de jubilaciones y pensiones, de accidentes de trabajo y de servicios de salud, entre otros.

Las políticas públicas de apoyo a estos sistemas se refieren a empleo, capacitación, educación, higiene  y seguridad, métodos de solución de conflictos y otras áreas operativas a través de los gobiernos nacionales, provinciales y municipales, según los casos.

Algunos de los problemas que merecen prioridad (para el actual Gobierno y para los que lo sucedan, porque las soluciones no serán fáciles ni inmediatas) son el desempleo, el trabajo clandestino, la morosidad, la evasión tributaria, con la contrapartida de un insatisfactorio cumplimiento de las obligaciones institucionales a cargo del Estado (educación, salud, defensa, seguridad, justicia y monopolio legal de la fuerza, entre otras).

De por sí, resolver el problema de la desocupación requerirá de un enorme esfuerzo de concepción y de ejecución de políticas acertadas; pero la incorporación del trabajo clandestino (empleadores, trabajadores dependientes  y autónomos), los morosos y los evasores al ámbito de la formalidad alcanza una complejidad mayúscula en las circunstancias de nuestro país,  por el volumen personal y económico que alcanza y por las imprevisiones de la legislación aplicable.

Es probable que las medidas que se adopten al respecto (si son acertadas), podrían permitir  la gradual incorporación a la legalidad de este elevado porcentaje de la  población económicamente activa, que actualmente está marginado de la seguridad social.

No obstante, pareciera que el sistema de capitalización individual torna difícil una regularización por los lapsos pasados sin la realización de aportes,  con lo que se habría conformado un verdadero “agujero negro” o “bache” no computable a los fines previsionales e irrecuperable del punto de vista de los ingresos tributarios.

Según estadísticas oficiales, alrededor del 45% de la población económicamente activa está dentro de lo que con eufemismo se denomina “trabajo informal”.

Un 15% de la población económicamente activa puede ser considerada como desocupada o subempleada.

También según informaciones oficiales, el 50% del resto que supuestamente estaría enmarcado en la ley, son morosos frente al sistema, por lo cual la mayoría habrá perdido su derecho a las prestaciones que  deberían estar cubiertas.

En cuanto a los accidentes de trabajo, deben encararse las modificaciones que otorguen seguridad jurídica a las obligaciones de empleadores a la par que satisfagan una justa reparación de los afectados, aspiraciones ambas que están expuestas ahora a una aguda crítica y revisión.

Recientes intentos de imponer tributos sobre los gastos en salud, de igual modo que si un infortunio  o dolencia  fuese una evidencia de capacidad de consumo (como ocurrió con la pretendida aplicación del impuesto al valor agregado a los ingresos de obras sociales, mutuales y asociaciones sin fines de lucro) revela, cuanto menos, que los poderes públicos no   resignan sus objetivos recaudatorios ni siquiera frente al más paradigmático de los requerimientos de solidaridad.

Como hemos visto, el interés individual debe ceder en estos temas frente a las exigencias de solidaridad; pero los poderes políticos que representan a la sociedad deben asumir sus responsabilidades con seriedad y, al igual que los actores sociales, asegurar la viabilidad del sistema democrático con un racional uso de sus facultades y atribuciones normativas.

La solución de los temas críticos en el área laboral requiere de un diagnóstico compartido por los poderes públicos, empleadores y trabajadores  porque la ejecución de las medidas conducentes exige la colaboración y aceptación del conjunto social.

Carlos Francisco Echezarreta