La tendencia mundial a adoptar una política de economía más abierta y de mercado, con creciente importancia del comercio y de las inversiones internacionales, parece irreversible. Por lo tanto debemos centrar nuestra atención en los diversos aspectos de nuestros propios sistemas, que afectan en forma negativa las posibilidades de mantenimiento y generación de empleo genuino, en ese marco de intercambio amplio y competitivo del que no podemos zafar.

Debemos admitir que nuestro país no cuenta con influencia política ni económica suficiente para modificar ese orden internacional, por lo que es preciso ajustar sus sistemas internos a esa condición externa insuperable como única variable a su alcance.

No hemos permanecido ajenos, por supuesto, a la presión de esta realidad internacional con su secuela de inevitables ajustes, quizás más difíciles de asimilar y revertir que en otras partes del mundo, y que se ha traducido en un alto desempleo y trabajo informal (que deja a dos tercios de la población sin acceso a la seguridad social y con escaso nivel de subsistencia), baja del consumo, disminución de la recaudación fiscal y una extendida morosidad, entre otras consecuencias.

La suma creciente de datos disponibles pone de manifiesto también un empeoramiento mundial del empleo en los últimos veinte años, aunque con repercusiones locales diversas según las características de las políticas, el grado de desarrollo económico, la evolución tecnológica y los sistemas laborales de cada país.

Por ejemplo, la estabilidad jurídica, la continuidad de las políticas, la calidad de los recursos humanos, la seguridad personal -entre otras- son algunas de las cuestiones que influyen en la inversión sostenida y en el desarrollo con seguridad social; aspectos que como se puede advertir no son precisamente de orden laboral, y exceden el mero contenido de las obligaciones propias del contrato de trabajo.

Según un generalizado consenso, prevalece la idea de que el índice de empleo no depende exclusivamente del contenido de las obligaciones laborales; pero las gruesas deficiencias que exhibe nuestro sistema de relaciones del trabajo, perjudican la hipotética y eventual eficacia de las políticas en cualquier otro orden. Quedan reducidas así a maniobras artificiales, sector por sector, para dar alguna viabilidad a nuestra economía.

A esta altura, conviene señalar que tanto como aceptamos que una adecuación del sistema laboral no es suficiente para generar automáticamente empleo, lo contrario (o sea sentarnos inmóviles sobre la normativa actual) no impedirá la evolución desfavorable de los índices de desocupación, la desigualdad social, la evolución de la pobreza, la ineficiencia de la seguridad social y otros problemas acuciantes que -como se observa- las disposiciones actuales no han podido impedir.

No puede ponerse en duda que nuestro sistema laboral no está ajustado a las exigencias dramáticas de este cuadro de situación.

Si bien la generación de empleos exige una adecuación conjunta de las políticas en todos los órdenes, no puede escapar a ese tratamiento global la necesaria adecuación del modelo laboral y social, para una efectiva defensa de quienes tienen trabajo y de quienes aspiran a tenerlo.

Si debiéramos formular un diagnóstico sobre nuestros puntos débiles en materia de relaciones laborales indicaríamos, como principal vicio, la rigidez excesiva que resulta de la desmedida intervención estatal (nacional, provincial y hasta municipal) como fuente de normas, lo que ha dejado una mínima porción negociable disponible o mejorable para los actores sociales.
Nuestro país cuenta con un muy escaso número de convenios colectivos (aproximadamente 1000 incluyendo los de empresa) que demuestra la falta de aprovechamiento de la más eficaz fuente normativa laboral que puede equilibrar el desarrollo con la equidad social.

No tengo presente otro ejemplo en el mundo de un país, cualquiera sea su población y bajo gobiernos democráticos, que en relación con el personal abarcado tenga menos convenios colectivos de trabajo que la República Argentina. Esto pone en evidencia que nuestros convenios cubren a muchos trabajadores con normas genéricas, indiferenciadas e insuficientes que deben completarse con acuerdos complementarios -en condiciones de trabajo y salarios que no tienen naturaleza de convenios colectivos y generan problemas de interpretación en cuanto al orden de prelación entre sí- que derivan en conflictividad y litigiosidad patológicas.

En este punto ya podemos hacer una distinción entre lo que son las fuentes de las normas y sus contenidos.

Las denominadas reformas laborales, hasta ahora, se han limitado a los contenidos, utilizando siempre la vía legal, rígida, que cuesta adaptar o corregir, según los requerimientos del mercado; pero no han acondicionado el sistema de fuentes normativas, impidiendo así a los actores sociales que regulen sus obligaciones recíprocas como corresponde.

En líneas generales las políticas de empleo han sido erráticas, injustas e ineficientes. Se aplicaron con alto grado de insatisfacción social, con mucha injerencia legal y sin respeto por las autonomías privadas que el Convenio 154 de la OIT garantiza en el marco de la negociación colectiva.

Nuestro sistema laboral podrá considerarse adecuado a las nuevas exigencias, cuando el mecanismo de relaciones del trabajo funcione con respeto de las garantías constitucionales y de los principios acordados en los tratados y convenios internacionales ratificados, que prevalecen sobre nuestra legislación y también con aptitud para responder con rapidez, flexibilidad y capacidad competitiva ágil y cambiante a las exigencias de un mercado turbulento e impredecible.

En tal sentido, las leyes y sus reglamentaciones deberán fijar por un lado los mínimos indisponibles para los actores sociales y, por otro, las normas supletorias, que deberán ser aplicadas cuando nada se pactase sobre alguna cuestión en particular que no afecte el orden público expresamente declarado.
De ese modo se despolitizaría el contenido de las normas y se facilitaría la introducción de la diversidad y la distinción entre las unidades de producción, que son el ingrediente característico de la competitividad, transfiriendo la decisión a los actores sociales.

Debemos tener en cuenta que las ventajas en materia de competencia se logran con las diferencias y no con las igualdades, por lo que la presencia exagerada de contenidos inderogables en las leyes se constituye en una patología que torna inoperante la valiosa herramienta que es la negociación entre las partes.

En lo que se refiere a gravámenes sobre el salario, debe tenderse a su gradual reducción hasta la mínima expresión procurando reemplazarlos por otras fuentes tributarias, que no desalienten la generación de puestos de trabajo.

El dato más preocupante es que, en la actualidad, en una considerable parte de los casos, los incumplimientos fiscales no se están traduciendo en un incremento del patrimonio de los evasores. Se acude al delito fiscal en muchas situaciones para tornar “viables” la continuidad de las pequeñas o medianas empresas y de los trabajadores autónomos y dependientes que incurren en esa ilegalidad.

Ello explica la escasa repercusión de las moratorias impositivas y la incobrabilidad de los créditos fiscales cuando se detecta un incumplimiento, que culmina así con el cierre y caída de los puestos de trabajo.

Frente a este panorama no queda otra alternativa que revisar el sistema laboral y los gravámenes que pesan sobre el trabajo, en forma simultánea.
El pasivo que se ha generado en los años pasados con el actual sistema laboral y tributario, difícilmente pueda ser cancelado. A lo sumo, las medidas correctivas deberán aspirar a normalizar las actividades hacia el futuro para ir regularizando paulatinamente la situación del conjunto de trabajadores marginados.

No puede ser calificado como bueno un sistema que ha generado tan alto grado de incumplimiento en materia tributaria y de frustración en las posibilidades de empleo.

Mientras no se produzca este cambio cultural profundo, se seguirá acentuando o manteniendo el desempleo y el trabajo informal que padecemos, con las consecuencias graves e imprevisibles, que ello pueda significar en perjuicio de la sociedad en su conjunto.

Carlos Francisco Echezarreta